Perfila 76 Legislatura aval para desincorporar 38 inmuebles del patrimonio estatal

De acuerdo con el dictamen, cuatro inmuebles se destinarán (IMSS y el resto será vendido como parte de una supuesta “estrategia de reorganización patrimonial”

La 76 Legislatura prevé celebrar este miércoles una sesión extraordinaria marcada por la polémica, al someter a discusión y votación el dictamen que autoriza la desincorporación de 38 bienes inmuebles propiedad del Estado, pocos serán donados y otros enajenados.

De acuerdo con el dictamen, cuatro inmuebles se destinarán al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el resto será vendido como parte de una supuesta estrategia de reorganización patrimonial.

El documento argumenta que “diversos bienes inmuebles del patrimonio público no cumplen con una función estratégica que justifique su conservación, generando cargas administrativas, costos indirectos y pérdida de oportunidades de inversión social y económica”.

Asimismo, establece que cada activo inmovilizado equivale a recursos que podrían orientarse a inversión pública productiva, considerada el mecanismo más eficaz para impulsar crecimiento económico sostenible, según justifica.

La iniciativa —según el propio texto— no reduce el patrimonio estatal, sino que lo transforma estratégicamente para convertir activos improductivos en infraestructura generadora de desarrollo, empleo y bienestar social.

También sostiene que se trata de una alternativa financiera prudente y estratégicamente responsable, al capitalizar activos improductivos mediante su desincorporación y posterior enajenación, destinando los recursos obtenidos exclusivamente a inversión pública productiva.

En la sesión previa, el debate escaló a confrontación cuando, tras la primera lectura del dictamen, la diputada panista Vanessa Caratachea, acompañada de las morenistas Sandra Olimpia Garibay e Itzé Camacho Zapiain, además de Belinda Hurtado Marín, de la Representación Parlamentaria, tomaron la tribuna con él objetivo de impedir continuar con los trabajos.

Las legisladoras demandaron que el dictamen fuera turnado también a la Comisión de Obra Pública del Congreso del Estado, no obstante, la propuesta fue desestimada, dado que el análisis se realizó únicamente en la Comisión de Hacienda y Deuda Pública.