Más de 400 denuncias ambientales al año se presentan para frenar daños ecológicos

Tala ilegal, cambios irregulares de uso de suelo y construcción clandestina de ollas de agua, entre las que más destacan

La Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán (SECMA) interpone cerca de 400 denuncias anuales por afectaciones al entorno natural, informó su titular, Alejandro Méndez López, al destacar que gran parte de estos casos son detectados mediante el programa “Guardián Forestal”.

Durante una entrevista realizada en la sede del Poder Legislativo, a donde acudió para participar en la ceremonia de entrega del Reconocimiento al Mérito Ambiental “Homero Gómez” 2026, el funcionario detalló que las denuncias corresponden principalmente a tala ilegal, cambios irregulares de uso de suelo y construcción clandestina de ollas de agua.

“Hemos puesto denuncias por tala clandestina, por cambio de uso de suelo, por construcción ilegal de ollas de agua y son alrededor de 400 denuncias anuales desde los años 2024 y 2025, que fue cuando empezó el programa Guardián Forestal”, manifestó.

El encargado de la política ambiental estatal destacó que uno de los esfuerzos recientes consiste en fortalecer las denuncias mediante capacitación especializada para reunir pruebas sólidas que permitan una mejor integración de los expedientes.

Además, señaló que la dependencia ha optado por privilegiar la judicialización únicamente de aquellos asuntos que requieren la intervención de los tribunales, evitando sobrecargar a las instituciones con procedimientos que pueden resolverse mediante acuerdos.

Méndez López indicó que también se han promovido seis acciones por la vía civil sustentadas en la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado, con la intención de lograr que los responsables reparen los daños causados.

“Nosotros, más que la reparación del daño o un delito penal o imposición de una multa, lo que queremos es que se repare el daño y estamos ensayando recientemente en esta vía”, explicó.

Respecto a las zonas de mayor preocupación, mencionó a Aquila, Coahuayana y Tumbiscatío, ubicadas en la región Sierra-Costa, donde las condiciones de inseguridad dificultan las labores de vigilancia y protección ambiental.

A pesar de ello, afirmó que alrededor de 30 municipios de la franja aguacatera han mostrado una reducción en los daños al medio ambiente.

Sin embargo, reconoció que aún es necesario ampliar las acciones de monitoreo hacia la zona tequilera y otros puntos de la costa.

Sobre el destino jurídico de las denuncias, comentó que desconoce cuántas han derivado en resoluciones, ya que dicha información es administrada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Fiscalía General de la República (FGR).

El funcionario subrayó que la finalidad de estas acciones es fortalecer el cumplimiento de la normatividad ambiental y garantizar la restauración de los ecosistemas afectados.