Exige PRD Michoacán protocolos claros en escuelas; plantea reforma ante vacíos legales en situaciones de riesgo

El líder partidista sostuvo que los mecanismos actuales resultan ambiguos e insuficientes, por lo que impulsó una iniciativa de ley orientada a subsanar dichas deficiencias

Ante la falta de lineamientos efectivos en contextos de violencia, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática Michoacán (PRDM), Octavio Ocampo Córdova, urgió al Congreso local a legislar en materia de protocolos de actuación en instituciones educativas.

El líder partidista sostuvo que los mecanismos actuales resultan ambiguos e insuficientes, motivo por el cual impulsó una iniciativa de ley orientada a subsanar dichas deficiencias.

Durante su posicionamiento, expuso que diversos hechos violentos en escuelas han obligado a activar medidas emergentes para proteger a estudiantes y personal educativo, evidenciando la carencia de rutas claras de actuación.

«El Congreso tiene que hacer la parte que le toca. El Ejecutivo tendría que hacer lo que le corresponde, que es la prevención, pero a nosotros nos debe tocar mejorar nuestras leyes y con ello fortalecer los protocolos, y ojalá que estos se puedan atender porque son muy ambiguos», señaló.

En ese sentido, mencionó el caso de Coahuayana, donde autoridades municipales y educativas suspendieron clases tras la caída de un explosivo cerca de un plantel.

Sin embargo, indicó que la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) se opuso a la decisión.

Afirmó que este tipo de contradicciones derivan de la ausencia de protocolos específicos, pues incluso las autoridades municipales carecen de herramientas normativas para responder ante contingencias de alto riesgo.

Por ello, planteó que la iniciativa sea turnada a las comisiones de Seguridad Pública, Educación y Protección Civil de la 76 Legislatura, a fin de establecer criterios claros, fortalecer la normativa vigente y garantizar la protección de la comunidad escolar.

Subrayó que en escenarios de violencia extrema debe prevalecer la protección de la vida de las y los estudiantes como eje rector de cualquier decisión.