Entre ajustes y resistencias, Movimiento Ciudadano respalda recortes, pero protegerá a trabajadores

Reconoce que se han detectado anomalías, incluyendo casos de personas que perciben ingresos sin desempeñar funciones claras

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado fijó una postura dual frente a la Reforma Electoral denominada Plan B, avalar la reducción de gastos excesivos, pero sin comprometer los derechos laborales del personal legislativo.

La coordinadora parlamentaria, Grecia Aguilar Mercado, fue enfática al señalar que los recortes no deben traducirse en afectaciones para quienes sostienen la operación del Congreso.

“Los vamos a defender a toda costa”, afirmó.

En ese contexto, precisó que la protección se extiende tanto a trabajadores de base como a colaboradores directos y personal de confianza, quienes forman parte esencial de la dinámica legislativa.

No obstante, reconoció que existen áreas que requieren revisión inmediata, particularmente el capítulo mil correspondiente a salarios, donde —indicó— se han detectado anomalías, incluyendo casos de personas que perciben ingresos sin desempeñar funciones claras.

Aguilar Mercado también coincidió en que la eliminación de gastos superfluos es una demanda constante de MC, por lo que consideró que el Plan B contiene elementos rescatables en ese sentido.

Sin embargo, advirtió que cualquier ajuste presupuestal debe realizarse de manera paulatina, evitando impactos abruptos en la estructura laboral del Congreso estatal.

En el plano político-electoral, subrayó la necesidad de establecer contrapesos que garanticen condiciones equitativas rumbo a 2027, mediante la asignación uniforme de prerrogativas a todos los partidos.

Asimismo, expresó preocupación por una posible invasión a la autonomía de los congresos locales en la definición de sus presupuestos, lo que anticipó derivará en una defensa firme por parte del partido naranja.

Finalmente, cuestionó la opacidad en torno al destino de los recursos ahorrados, al señalar que no se ha precisado qué obras públicas se beneficiarían, y advirtió que sería inapropiado redirigirlos a programas sociales, cuando existen necesidades urgentes en el sector salud, particularmente en el suministro de medicamentos.