Sin cumplir Estado mexicano medidas de Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la familia Guzmán Cruz

Siguen buscando justicia por la desaparición de sus familiares en la comunidad de Tarejero, dónde indican fueron detenidos, torturados y desaparecidos

El gobierno mexicano no ha cumplido con ninguna de las medidas que impuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la familia purépecha Guzmán Cruz.

En rueda de prensa, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), señaló que tras poco más de 52 años de lucha, la familia Guzmán Cruz sigue buscando justicia por la desaparición de sus familiares en la comunidad de Tarejero, dónde indican fueron detenidos, torturados y desaparecidos.

A lo largo de este tiempo, se han impulsado varias medidas legales, incluso internacionales, que den una respuesta a este caso, sin que se tenga alguna hasta ahora, sobre la vida de José de Jesús Guzmán Jiménez y cuatro de sus hijos, Amafer, Solón Adenauer, Venustiano y Armando Guzmán Cruz, dentro de lo que fue la llamada “guerra sucia” en contra de luchadores sociales y opositores políticos, que derivó en varias detenciones y que constituyen el primer referente histórico de las desapariciones forzadas en Michoacán.

Recordaron que el caso fue a parar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quién en 2025 notificó el Informe de Fondo Caso, en el cual se estableció que el Estado mexicano cometió delitos de lesa humanidad en contra de los integrantes de la familia Guzmán Cruz, al señalar que se violaron diversos derechos humanos, como son a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la obligación estatal de no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, el derecho a la protección a la familia y se vulneró el derecho a las garantías judiciales.

Puntualizaron que los hechos no fueron controvertidos por el Estado mexicano, el cuál reconoció parcialmente su responsabilidad internacional, por lo que se les hicieron varias recomendaciones como fueron la reparación integral a favor de las víctimas, brindarles tratamiento médico y psicológico, esclarecer la desaparición forzada de los integrantes de la familia Guzmán, disponer de medidas administrativas, disciplinarias o penales para los funcionarios que denegaron justicia, adoptar medidas para evitar la repetición de las desapariciones forzadas e investigar las desapariciones ocurridas durante la “guerra sucia” en la segunda mitad del siglo XX.

Pero aseguran que a casi un año de la presentación del informe de fondo, el Gobierno de México no ha adoptado ni una sola medida de reparación, investigación, justicia o no repetición, por lo cual la existencia de que el Estado mexicano no obstaculice ni presente prorrogas ante dicho caso que solo revictimiza a la familia Guzmán Cruz.