Propone PRI endurecer sanciones contra el reclutamiento de menores por el crimen organizado

Afirma que son utilizados como informantes, halcones, mensajeros e incluso sicarios, arrebatándoles la infancia y cerrándoles toda posibilidad de un proyecto de vida

Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado de Michoacán, el diputado Guillermo Valencia Reyes presentó una iniciativa para endurecer las sanciones contra el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, una práctica que calificó como una de las expresiones más crueles de la violencia que vive la entidad.

Desde la tribuna, el legislador alertó sobre el reclutamiento sistemático de menores de entre 9 y 11 años, a quienes grupos criminales denominan “pollitos de colores”, en referencia —dijo— a su “desechabilidad” y corta expectativa de vida. Expuso que estos niños son utilizados como informantes, halcones, mensajeros e incluso sicarios, arrebatándoles la infancia y cerrándoles toda posibilidad de un proyecto de vida.

Valencia Reyes señaló que los menores son primero atraídos con regalos y falsas promesas, para luego ser sometidos mediante drogas, amenazas y violencia. Recordó que el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, fue cometido por un menor de edad, lo que evidencia —afirmó— que la violencia ya no distingue jerarquías ni edades y que los niños están siendo usados como “instrumentos desechables”.

El diputado sostuvo que esta realidad representa un fracaso colectivo de las instituciones, de la comunidad y del Estado, y explicó que las organizaciones criminales buscan reclutar niños cada vez más pequeños porque pasan desapercibidos en la vía pública, pueden ser manipulados con facilidad y, en muchos casos, quedan fuera del alcance del sistema de justicia penal.

Añadió que diversas organizaciones civiles y experiencias documentadas confirman un patrón de abuso: los menores reclutados son aislados de sus comunidades, convertidos en adictos como mecanismo de control, sometidos a golpes, humillaciones y amenazas contra sus familias, recibiendo el mensaje de que “no tienen otra opción”.

En ese contexto, criticó que el Código Penal del estado solo contemple el delito de corrupción de menores sin una tipificación clara que sancione de manera específica el reclutamiento criminal, lo que genera zonas de impunidad y dificulta distinguir entre quienes obligan y quienes actúan bajo presión, engaño o dependencia.

Por ello, propuso adicionar un agravante al artículo 157 del Código Penal de Michoacán, para que cuando la corrupción de menores tenga como finalidad su reclutamiento o utilización por organizaciones delictivas, se incrementen las penas contra reclutadores, jefes de célula, instructores y financiadores. La iniciativa, explicó, obliga además a tratar a los menores como víctimas que requieren protección reforzada, atención psicosocial, desintoxicación, acompañamiento familiar y reconstrucción de su proyecto de vida.

Valencia Reyes subrayó que la propuesta no busca un “populismo punitivo”, sino reordenar las prioridades del Estado para que el peso de la ley recaiga sobre quienes diseñan y ejecutan estas estrategias criminales, no sobre los menores empujados a delinquir por la pobreza, el abandono y la ausencia institucional.

Durante su intervención, también planteó que Michoacán impulse el debate nacional para reducir la edad penal a los 16 años, al considerar que una persona mayor de esa edad es consciente del daño que puede causar al privar de la vida a otra, aunque aclaró que dicha competencia corresponde al ámbito federal.