Acusan a autoridades estatales y de Uruapan de afectar a 180 familias en disputa por terrenos de Los Pilares

Denunciaron que sus viviendas fueron destruidas mediante maquinaria pesada y que enfrentan un proceso de desalojo, pese a haber pagado por los terrenos

Un total de 180 familias de la colonia comunal Los Pilares, en Uruapan, denunciaron, a través del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), que sus viviendas fueron destruidas mediante maquinaria pesada y que enfrentan un proceso de desalojo, pese a haber pagado por los terrenos.

Jesús Camargo, vocero del FNLS, informó que cada familia entregó aproximadamente 35 mil pesos para adquirir los predios y posteriormente construir sus viviendas.

Explicó que los terrenos se localizan en el fraccionamiento C de la antigua ex hacienda Santa Catarina y que la adquisición se realizó mediante Misael Padilla Osornio, quien se ostenta como apoderado legal de la empresa inmobiliaria Galco Desarrollos S.A. de C.V.

Según el representante, a los compradores se les entregó una carta de posesión que los acreditaba como propietarios del terreno.

Sin embargo, posteriormente Padilla Osornio promovió un desalojo bajo el argumento de que los predios son propiedad privada.

Los afectados solicitaron entonces la intervención de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, y del Gobierno del Estado.

Sin embargo, afirmaron que las autoridades enviaron elementos de la Guardia Civil para ejecutar el desalojo, lo que, de acuerdo con su denuncia, provocó daños irreversibles a la salud de algunos habitantes, entre ellos la pérdida de ojos.

El FNLS también acusó al Movimiento del Sombrero, al Ayuntamiento de Uruapan y a Morena de pretender despojar a las familias de sus viviendas y permitir un presunto desfalco que alcanzaría a cerca de 200 familias.

Camargo sostuvo que el conflicto es de carácter social y que jurídicamente correspondería al ámbito civil, por lo que cuestionó que las instituciones de procuración de justicia pretendan conducirlo por la vía penal.

«Hoy en día, el Gobierno del Estado nos niega el derecho constitucional de petición de audiencia para buscar soluciones a este asunto, que es de orden social y jurídicamente, en todo caso, de lo civil. No obstante que, en apariencia, el Gobierno del Estado se mantiene ajeno, las instituciones encargadas de procurar justicia están empecinadas en conducirlo por la vía penal», afirmó.

Los integrantes del FNLS recordaron que el 22 de julio del presente año se intentó efectuar un desalojo, pero los habitantes se opusieron, lo que generó un conato de violencia.

A esto se suma, señalaron, que durante los últimos dos meses han solicitado reunirse con Grecia Quiroz, sin que hasta ahora hayan sido recibidos, pese a que, según dijeron, la alcaldesa ha mantenido el encuentro únicamente como una promesa.