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Integrantes de la comunidad administrativa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) anunciaron el inicio de un movimiento legal colectivo para demandar a la institución por el incumplimiento de la cláusula 79 del contrato colectivo de trabajo, que establece ascensos automáticos por antigüedad.
La cláusula señala que los trabajadores administrativos, sin importar su categoría —ya sea auxiliar o superior—, tienen derecho a ascender de la categoría A a la B al cumplir 10 años de servicio, y de la B a la C al llegar a los 20 años. Sin embargo, este derecho no ha sido respetado desde el inicio de la actual administración encabezada por la rectora Yarabí Ávila González.
De acuerdo con representantes del movimiento, al menos 50 casos ya se encuentran en proceso para ser presentados ante el Centro Estatal de Conciliación Laboral, y se espera que en las próximas semanas se sumen decenas más. Señalan que este incumplimiento afecta a cientos de trabajadores en distintas áreas como bibliotecas, servicios generales, odontología y diversas escuelas y secretarías universitarias.
La iniciativa ha sido impulsada por la Asociación de Jubilados del Estado y familiares de los trabajadores activos, quienes denuncian no sólo la omisión de la autoridad universitaria, sino también la inacción del Comité Ejecutivo General del sindicato STUMICH. Particularmente, señalan a su dirigente, Marta Leticia González de Vil, de haberse deslindado públicamente de las acciones legales emprendidas por los trabajadores, sin asumir ninguna responsabilidad para defender esta prestación laboral.
“Muchos de los afectados son nuestros hijos. Ante la falta de acción del sindicato, nosotros hemos decidido tomar la defensa en nuestras manos”, declararon los voceros del movimiento, quienes también exigen la destitución de González de Vil. La solicitud ha sido enviada al Congreso de Representantes de STUMICH, segunda autoridad del sindicato, para que se convoque a una asamblea general ordinaria, la cual —según denuncian— no se ha realizado desde que la actual dirigencia asumió el cargo, violando los propios estatutos sindicales.
Además, los trabajadores recordaron que, pese a haber sostenido reuniones con autoridades universitarias y haber enviado cartas al Gobierno del Estado e incluso al Presidente de la República, sus peticiones han sido ignoradas. Documentos oficiales confirman que desde octubre del año pasado, el Gobierno Estatal solicitó a la rectoría atender el tema, sin que haya habido respuesta.
Ante este panorama, los trabajadores afirmaron que interpondrán demandas individuales amparadas en sus derechos constitucionales y laborales, como única vía para exigir justicia. También acusaron a la dirigencia sindical de sembrar temor entre los empleados, advirtiéndoles que no serán defendidos si enfrentan represalias por demandar.
“El derecho está claramente establecido en el contrato y en la ley. No estamos incurriendo en ninguna falta. Simplemente estamos exigiendo lo que nos corresponde”, concluyeron.
Escrito por Fernanda González
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