Acusa médico a JLCYA de corrupción y fraude procesal en su contra, poniendo en riesgo su patrimonio

Denunció red de corrupción en la que estarían implicados funcionarios de la Junta, entre ellos actuarios y representantes legales

El médico José Luis Baltazar Vega, especialista en medicinas alternativas, denunció un fraude procesal y corrupción en Junta de Conciliación y Arbitraje por presuntas irregularidades y actos de corrupción en ese órgano laboral que ha vulnerado sus derechos fundamentales.

En rueda de prensa este martes, detalló que, pese a contar con pruebas documentales y testimoniales que acreditan su residencia en la colonia Centro de Morelia por más de dos décadas, ha sido notificado de manera irregular en un domicilio inexistente en la colonia Molino de Parras, lo que permitió que se iniciase un procedimiento en su contra sin su conocimiento, acusó, tras informar que en el expediente figuran actas levantadas por actuarios en domicilios inexistentes y que, incluso, fueron avaladas mediante la comparecencia de un supuesto abogado al que jamás contrató y de quien dijo nunca lo contrató ni conoce,

«Esto constituye un fraude procesal, ya que no se cumplieron los requisitos legales básicos, como la verificación de domicilio o la presentación de una carta poder”, levantó la voz el doctor Baltazar Vega.

De acuerdo con sus declaraciones ante los medios, pese a que notarios, el Ayuntamiento de Morelia y ministeriales certificaron que la dirección mencionada en las notificaciones nunca ha existido, la Junta de Conciliación y Arbitraje continuó con el procedimiento, lo que derivó en que su consultorio quedase en riesgo de remate. Aseguró que estas acciones forman parte de una red de corrupción en la que estarían implicados funcionarios de la Junta, entre ellos actuarios y representantes legales, lo que afecta directamente su patrimonio y el de su familia.

Pidió la intervención de las autoridades estatales y federales para revisar el caso y frenar lo que considera un atropello a sus derechos. “Es un asunto de vulnerabilidad. No puede archivarse como si fuera algo menor, porque aquí hay pruebas de que se cometió un delito y seguimos luchando por justicia”, externó.