Bedolla propone prohibir constitucionalmente la deuda pública de largo plazo

Anunció una iniciativa que exceda el periodo de gobierno, al considerar que comprometer el futuro financiero del estado, lo calificó como una práctica antidemocrática e irresponsable

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció una iniciativa para prohibir constitucionalmente la contratación de deuda pública de largo plazo que exceda el periodo de gobierno, al considerar que comprometer el futuro financiero del estado es una práctica antidemocrática e irresponsable.

Ramírez Bedolla subrayó que el endeudamiento de largo plazo se convirtió en una “forma silenciosa de corrupción”, ya que sacrificó el desarrollo social al destinar miles de millones de pesos al pago de intereses en lugar de invertirlos en infraestructura, salud y educación. En ese sentido, destacó que mientras Michoacán creció 98 por ciento en su Producto Interno Bruto en los últimos 25 años, la deuda pública aumentó de manera desproporcionada en 640 por ciento.

El gobernador enfatizó que esta iniciativa no es meramente administrativa, sino una reforma de fondo al Estado, alineada con los principios de la Cuarta Transformación, al establecer límites claros al ejercicio del poder y reafirmar que ningún gobierno tiene derecho a comprometer el porvenir más allá del tiempo que el pueblo le otorgó.

Asimismo, informó que durante los primeros cuatro años de su administración no se ha contratado un solo peso de deuda de largo plazo, y adelantó que esta política se mantendrá durante el quinto año de gobierno. Añadió que se han presentado presupuestos sin déficit y que más de 40 mil millones de pesos han sido invertidos en infraestructura, sin endeudar al estado.

Ramírez Bedolla sostuvo que un Estado sin endeudamiento excesivo está obligado a ser más eficiente, justo y creativo, así como a combatir la corrupción y fortalecer sus ingresos propios. Afirmó que esta reforma representa un acto de memoria por el daño causado por el endeudamiento irresponsable, pero también de esperanza, al demostrar que es posible un modelo de desarrollo basado en planeación democrática, inversión responsable y justicia fiscal.

Finalmente, convocó al Congreso local, a las y los diputados, así como a autoridades municipales, a asumir esta reforma como un compromiso histórico para garantizar que el futuro de Michoacán no vuelva a decidirse sin el pueblo ni a costa de las próximas generaciones.