Entre omisiones y despojo, agoniza Zirahuén por extracción clandestina y presión de intereses ilegales

El municipio de Salvador Escalante descarga aguas negras sin ningún tipo de tratamiento, y extranjeros y empresarios se apropian de tierras comunales

En medio de una creciente crisis ambiental, el lago de Zirahuén se encuentra al borde del colapso debido a la extracción ilegal de agua, la contaminación y la disputa territorial impulsada por empresarios, crimen organizado y actores externos, denunciaron comunidades y el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM).

Pavel Guzmán Ulianov, vocero del CSIM, señaló que la lucha de la comunidad por la defensa de su territorio se remonta a la época colonial, respaldada por títulos virreinales que acreditan su legítima posesión.

A pesar de ello, acusó intentos sistemáticos de despojo por parte de intereses privados y estructuras de poder.

«El municipio de Salvador Escalante descarga aguas negras sin ningún tipo de tratamiento, extranjeros y empresarios se apropian de tierras comunales, persiste la tala inmoderada de bosques, se perforan pozos sin ningún tipo de permiso, se privatizan zonas federales del lago, se acelera el daño al medio ambiente y la comunidad vive un proceso de gentrificación», afirmó.

El deterioro del lago se agrava con la extracción diaria de aproximadamente 50 pipas de agua para su comercialización ilegal, así como por la proliferación de cultivos ilícitos de aguacate y berries y la contaminación generada por agroquímicos y pesticidas.

Iván Mendoza, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, detalló que se han retirado más de 50 bombas utilizadas en la extracción clandestina.

Asimismo, denunció que la planta tratadora de aguas está inservible, lo que permite que las descargas contaminantes continúen sin control.

Indicó que en Salvador Escalante se vierten aguas negras y residuos derivados de actividades artesanales, incluyendo cobre, fosfatos y fósforo, además de desechos provenientes de municipios aledaños.

El vocero del CSIM enfatizó que la crisis ambiental responde a la negligencia del Estado mexicano.

Recordó que desde hace más de un año han solicitado una mesa interinstitucional para atender la situación, sin respuesta de autoridades federales ni estatales, además de señalar la inasistencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a reuniones previamente pactadas.

Finalmente, las comunidades emplazaron al Estado a instalar de inmediato dicha mesa de trabajo.

De no concretarse, anunciaron movilizaciones pacíficas, incluyendo bloqueos carreteros en todo el Estado.