Comunidades de Opopeo y Chapa Nuevo denuncian represión y retiro de servicios tras lograr su autonomía

Acusaron a la alcaldesa de actuar de manera autoritaria

Autoridades tradicionales de las comunidades indígenas de Opopeo y Chapa Nuevo, en el municipio de Salvador Escalante, denunciaron que varios comuneros han sido criminalizados y reprimidos por participar en el proceso autonómo, por lo que solicitaron una reunión con el fiscal general del estado para atender estos casos y garantizar su seguridad.

En ese sentido, sostuvieron una primera reunión con representantes del Gobierno de Michoacán para exponer los problemas más urgentes que enfrentan tras haber obtenido su autonomía y presupuesto directo, informó Pável Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM).

Durante el encuentro, explicó Guzmán, los representantes de Opopeo denunciaron que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aún no ha calificado formalmente la consulta mediante la cual la comunidad aprobó su autogobierno, a pesar de que el plazo legal de ocho días hábiles se cumple este jueves.

En cuanto a Chapa Nuevo, las autoridades comunales acusaron a la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, de actuar de manera autoritaria al retirar servicios básicos como agua potable, recolección de basura, limpieza y seguridad desde que la comunidad votó por el autogobierno.

“Desde la primera semana en que ganaron la autonomía se les retiró el servicio de agua potable, la recolección de basura y la seguridad. Los compañeros ya asumieron ellos solos estas tareas, pero es inconstitucional porque son atribuciones del ayuntamiento”, explicó Guzmán.

El vocero detalló que los comuneros se han organizado para cubrir los servicios con recursos propios y rondas comunitarias, aunque el suministro de agua sigue siendo el principal problema debido a que depende del organismo local de agua potable. A pesar de que la comunidad interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y se acordaron medidas cautelares, el servicio continúa siendo suspendido de manera intermitente.

Asimismo, el CSIM denunció que el ayuntamiento impone cuotas de hasta 60 mil pesos para permitir entierros en el panteón municipal a personas originarias de Opopeo, y se niega a realizar trámites del Registro Civil a habitantes de Chapa Nuevo.

En la reunión también se abordaron temas de infraestructura y presupuesto, ya que las comunidades acusaron retrasos y trabas burocráticas en la Secretaría de Finanzas para liberar recursos aprobados, lo que ha detenido obras por más de 2.5 millones de pesos y proyectos educativos por 1.1 millones.

De acuerdo con Guzmán, el gobierno estatal se comprometió únicamente a intervenir ante la alcaldesa y a agilizar los procesos administrativos, aunque no se alcanzaron acuerdos concretos.

“Solo se recibieron compromisos generales, no hubo acuerdos específicos. El gobierno dijo que hablará con la presidenta y que acelerará los trámites para que las comunidades reciban su presupuesto directo”, puntualizó el vocero del CSIM.