Activistas defensores de animales en Michoacán se dicen bajo amenaza, sin protección estatal ni respaldo institucional

Argumentan que el resguardo de animales asegurados ha derivado en agresiones directas por parte de sus propietarios

En Michoacán, la defensa de los derechos animales se ha convertido en una actividad de alto riesgo, ejercida sin protección gubernamental, pese a que activistas han sido amenazados de muerte por su intervención en casos vinculados a la Fiscalía General del Estado (FGE).

La presidenta de Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos (GHAPAD), Esmeralda Cerda Pizano, denunció que el resguardo de animales asegurados ha derivado en agresiones directas por parte de sus propietarios.

“A veces nos enfrentamos a personas muy violentas. En el caso de GHAPAD, me han ido a amenazar hasta con pistolas; un tipo, hace algunos años, me amenazó con una pistola exigiéndome que le regresara a sus perras”, señaló.

Debido a estos riesgos, explicó que los animales decomisados no se exhiben en redes sociales ni se promueve la solicitud de donativos, ya que el refugio asume completamente su manutención para evitar represalias.

La situación se agrava por la falta de respaldo institucional, pues, según indicó, la Fiscalía Michoacana no provee insumos básicos como alimento, medicamentos o atención veterinaria, además de que en ocasiones no da seguimiento a los casos.

En este contexto, Carlos Maya, de la Asociación de Abogados Animalistas de México (ASAAM), advirtió que los activistas animalistas están excluidos de los protocolos de protección existentes a nivel estatal y federal.

“Nosotros no podemos pedir protección, no entramos en esta red de apoyo, no tenemos ningún tipo de medidas de protección o sí lo puede ser un activista de derechos humanos o incluso de medio ambiente. Estamos discriminados por esta situación de defender a los animales y quisiéramos que también el sistema nos reconociera y nos incorporara a la red de protección”, afirmó.

Asimismo, planteó la necesidad de que los animales sean reconocidos como víctimas indirectas dentro de los procesos judiciales, a fin de que los refugios puedan acceder a recursos que garanticen su atención integral.