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En medio de un discurso que apela a la austeridad y la transparencia, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, reconoció la asignación de alrededor de 45 plazas laborales en la actual Legislatura, al tiempo que declinó informar el ingreso mensual total de los diputados locales.
El legislador detalló que actualmente el Congreso de Michoacán cuenta con un presupuesto de mil 200 millones de pesos, el cual podría reducirse a 749 millones si prospera el Plan B de la Reforma Electoral, que propone limitar el gasto legislativo al 0.70 por ciento del presupuesto estatal, lo que representaría un recorte de 451 millones.
Advirtió que este ajuste tendría efectos drásticos, como la desaparición de la dieta legislativa y recortes significativos en rubros como la nómina, lo que obligaría a rediseñar la estructura interna del Poder Legislativo.
En conferencia de prensa, donde se abordaron los alcances de la reforma impulsada por la presidenta de la República, Gaona García subrayó la urgencia de adoptar medidas de austeridad para enfrentar el escenario financiero que se vislumbra.
Sin embargo, durante la sesión con medios, fue cuestionado sobre la entrega de 90 plazas —la mitad destinadas al sindicato del Poder Legislativo y el resto a diputados— situación que no negó.
También evitó precisar el monto real de percepciones de los legisladores, justificando su reserva en motivos de seguridad ante el contexto de violencia en Michoacán.
«Nosotros al mes recibimos 90 mil de sueldo, y sí recibimos alguna compensación para gastos, el resto es para gastos de gestión y de otra serie de cosas que tienen que ver con el desarrollo de los legisladores, pero no voy a decirlo, no por un tema personal, sino por cuidar a los diputados. No quiero que más adelante sean señalados por hacer esta declaración, pero ellos pueden decir cuánto ganan», declaró.
Asimismo, negó que los diputados perciban hasta 500 mil pesos por concepto de compensaciones adicionales.
Por otra parte, consideró que la ausencia de senadores del Partido del Trabajo (PT) en la discusión de la Reforma Electoral constituye un posicionamiento relevante de inconformidad frente a la propuesta.
Señaló que uno de los aspectos más delicados es la revocación de mandato, al advertir que podría utilizarse con fines políticos para beneficiar al partido en el poder o influir en la contienda, además de permitir actos proselitistas por parte de los funcionarios sometidos a este mecanismo.
Escrito por Alejandra Martínez
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